Condenan a muerte a la ex primera ministra de Bangladesh por crímenes contra la humanidad

Un tribunal internacional de Bangladesh condenó este lunes a muerte en ausencia a la ex primera ministra Sheikh Hasina por su presunta implicación en la represión violenta de protestas estudiantiles que sacudieron el país el año pasado, resultando en cientos de muertes.

La sentencia, que también afecta al exministro del Interior Asaduzzaman Khan Kamal, marca un hito en la historia del país surasiático y ha intensificado las tensiones políticas. Hasina, de 78 años, fue derrocada en agosto de 2024 tras semanas de manifestaciones masivas contra su gobierno, acusada de corrupción, autoritarismo y manipulación electoral.

Las protestas, iniciadas por estudiantes contra un sistema de cuotas en empleos públicos, escalaron rápidamente y derivaron en un levantamiento popular que obligó a la líder a huir del país. Actualmente, se encuentra exiliada en India, donde ha recibido refugio temporal, lo que ha generado fricciones diplomáticas entre Nueva Delhi y Daca. El veredicto, emitido por el Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladesh en Daca, la declara culpable de «crímenes contra la humanidad» por ordenar el uso de fuerza letal contra los manifestantes, que dejó al menos 600 muertos según estimaciones independientes. «Esta es una justicia histórica para las víctimas de la represión», declaró un portavoz del gobierno interino liderado por el Nobel de la Paz Muhammad Yunus, quien asumió el poder tras la caída de Hasina.

Desde su exilio, Hasina y su partido, la Liga Awami, han rechazado la condena como un «juicio politizado» orquestado por el régimen interino para eliminar opositores. En un comunicado, la exmandataria afirmó que se trata de una «venganza política» y negó cualquier responsabilidad en las muertes. Analistas internacionales señalan que esta sentencia podría complicar las relaciones con India, ya que el gobierno de Yunus ha exigido formalmente la extradición de Hasina para que enfrente la justicia en persona.

El fallo llega en un contexto de inestabilidad en Bangladesh, donde el gobierno interino ha iniciado una serie de procesos judiciales contra aliados de Hasina, incluyendo acusaciones de corrupción y abuso de poder. Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han expresado preocupación por la imparcialidad de estos tribunales, aunque reconocen la necesidad de accountability por la violencia de 2024.